LA OBLIGACIÓN LEGAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE ASUMIR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LA FAUNA SILVESTRE EN CULTIVOS AGRÍCOLAS
© José Ángel Rodríguez
Ciervo macho fotografiado en la Sierra de Baza
En varias ocasiones hemos tenido ocasión de referirnos a la problemática ocasionada por los daños producidos en los cultivos agrícolas de propiedad privada por la fauna silvestre del Parque Natural Sierra de Baza, en las fincas de que dependen económicamente, aunque en mayor medida en los cultivos de almendros y particularmente por los ciervos en la época de final de verano, cuando por las propias peculiaridades del monte mediterráneo faltaba la alimentación natural en la cantidad deseada y el instinto de supervivencia de estos animales los obligaba a penetrar en propiedades privadas donde conseguir su alimento.
Esta problemática, a la que no se le daba una solución efectiva por la administración, ya motivó que en el año 2000 se creara una asociación de afectados con el nombre de “Damnificados por la Fauna del Parque Natural Sierra de Baza”, la que tenía entre otros objetivos el de “La defensa y asesoramiento frente a los daños que sufran los propietarios asociados proveniente de la fauna silvestre o en libertad del Parque Natural Sierra de Baza”.
Este tema ha venido teniendo una amplia repercusión social y ya fue tratado en la Comisión de Conservación e Investigación de la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Baza que en reunión de fecha 18 de abril de 2001 emitió un informe relativo a la población del ciervo en el Parque Natural Sierra de Baza aconsejando establecer medidas de protección de los cultivos en los lugares donde se habían constatado daños, tales como colocación de mallas cinegéticas o control de la población de ciervo en sus aledaños, como también se consideró conveniente sembrar vegetación herbácea en diferentes zonas del Parque, para apoyar los requerimientos alimenticios de la fauna silvestre. El Ayuntamiento de Baza también abordó en el Pleno del 27 de febrero de 2002 esta cuestión proponiendo que se solicitará a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía que diera una solución al grave problema que sufrían los agricultores en la zona. Incluso el Parlamento de Andalucía también debatió esta problemática en una de sus sesiones, formulando tres preguntas parlamentarias a la Consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, que llegó a manifestar como “efectivamente el Parlamento de Andalucía conoce los daños que la fauna del Parque Natural Sierra de Baza está ocasionando en las zonas de cultivo del entorno de la Sierra, tanto por las inspecciones realizadas por los agentes de medio Ambiente y la Directora del espacio protegido como por las numerosas reuniones mantenidas con la Directiva de la Asociación de Damnificados por la Fauna del Parque de la Sierra de Baza, indicando que el problema se había debatido en el seno de la Junta Rectora de este Parque y en el Consejo Provincial de Medio Ambiente, Forestal y Caza”, proponiendo una serie de medidas para intentar paliar esta problemática.
Pero la realidad, como destaca la sentencia que ha dictado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con Sede en Granada, ha con fecha 14 de marzo de 2011, de la que nos hacemos amplio eco en las noticias de este mes, es que la administración ha venido desatendiendo todas estas reclamaciones, inhibiéndose de esta problemática y obligando a los agricultores afectados a que tengan que acudir a los tribunales, los que ahora, después de casi 10 año de largo litigio con la administración autonómica han visto reconocido su derecho al ser condenada la C.M.A. -en una sentencia sin precedentes y pionera en esta materia- que reconoce el derecho de estas personas a ser indemnizados, en la cantidad total reclamada de 114.226’14 euros, más los intereses legales, desde que efectuaron sus respectivas reclamaciones en abril de 2002.
Esta ésta fue la primera reclamación que efectuó el colectivo de damnificados, tras su constitución como Asociación, por lo que en aquella época fueron 30 los agricultores que decidieron demandar a la Junta de Andalucía, es decir, casi todos los socios fundadores, sumando todas las reclamaciones 226.029 euros. Ahora queda pendiente de sentencia otro recurso que se sigue bajo el número 1446/03, también en la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJA con sede en Granada, y que es de esperar corra la misma suerte estimatoria que esta reclamación.
Todo lo que se podía haber evitado si desde un principio la administración se hubiera mostrado dialogante y hubiera buscado una solución razonable a esta problemática, que causó innecesarios enfrentamientos por la cerrazón de la administración pública a asumir estos daños, los que ahora tendrá que pagar con interés, tras la condena de los Tribunales. Una sentencia que puede merecernos muchas lecturas, pero particularmente la de que una administración pública no puede inhibirse ni desentenderse de la problemática que ocasione la fauna silvestre que gestione, en las propiedades privadas, las que no están obligadas a asumir estos daños y por el contrario están en el legítimo derecho a reclamarlos.
La Asociación PROYECTO SIERRA DE BAZA
Más información en la revista digital de marzo-2011:
http://www.sierradebaza.org/principal_11-04/principal_11-04.htm
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