viernes, 4 de agosto de 2017


LA PARTICIPACIÓN E INFORMACIÓN PÚBLICA MEDIOAMBIENTAL ANTE EL NUEVO ESCENARIO DE DECAIMIENTO FORESTAL EN LOS MONTES IBÉRICOS
A propósito de la problemática de la Sierra de Baza y el tratamiento que se está dando a la misma, al margen de la población local afectada


Panorámica de una de las zonas afectadas por las plagas forestales en el Parque Natural Sierra de Baza. Imagen tomada con un  dron por “Desde el Aire” el  19/07/2017
Uno de los males endémicos en la gestión de la generalidad de los espacios protegidos de los montes ibéricos que se viene achacado a las administraciones competentes y encargadas de su concreto encargo, es tanto la falta de participación de los ciudadanos afectados en la toma de decisiones, como la ausencia de información pública en las concretas medidas que afectan a estos territorios.

La administración pública competente, suele tomar decisiones que afectan a este territorio por criterios políticos, en menor medida técnicos, pero en la generalidad de los casos adoptados sin consensuarlos ni hacerlos participativos con la población local implicada y afectada por su concreta gestión.

No se tiene presente cuando así se actúa, que hace años que se tiene asumido, que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados y afectados por las mismas, para lo que se viene estimando que los poderes públicos deben facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población, poniendo la información medioambiental a disposición de todos los afectados o interesados.

Esta idea, expresamente recogida en la Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, cuyo principio número 10 establece que la mejor manera de gestionar los asuntos ambientales es contar con la participación de todos los ciudadanos, encuentra su razón de ser última en la necesidad de avanzar hacia la transformación del modelo de desarrollo, basada en planteamientos democráticos que postulan la participación activa, real y efectiva de la sociedad civil como única vía para, en primer lugar, legitimar las decisiones que se hayan de adoptar y, en segundo lugar, garantizar su acierto y eficacia en el terreno práctico.

No estamos ante una mera declaración de principios, sino ante un derecho constitucional consagrado en el artículo 45.1 de la Constitución Española, en el que configura el medio ambiente como un bien jurídico de cuyo disfrute son titulares todos los ciudadanos y cuya conservación es una obligación que comparten los poderes públicos y la sociedad en su conjunto. Idea que aparece refrendada por la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, la que incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE y consagra dentro del ordenamiento jurídico español el mandando de que las decisiones en materia medioambiental se adopten con participación e información en tiempo efectivo, de modo que este derecho no quede en una mera entelequía.

En esta misma línea, también debe destacarse el Convenio de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas sobre acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, hecho en Aarhus el 25 de junio de 1998. Conocido como Convenio de Aarhus, el que parte del siguiente postulado: “para que los ciudadanos puedan disfrutar del derecho a un medio ambiente saludable y cumplir el deber de respetarlo y protegerlo, deben tener acceso a la información medioambiental relevante, deben estar legitimados para participar en los procesos de toma de decisiones de carácter ambiental y deben tener acceso a la justicia cuando tales derechos les sean negados”.

¿Se están respetando los principios de información y participación ambiental en la problemática del decaimiento forestal de la Sierra de Baza?

 

Panorámica de una de las zonas afectadas por las plagas forestales en el Parque Natural Sierra de Baza. Imagen tomada el  19/07/2017 por Proyecto Sierra de Baza

Resumiendo en unas pocas líneas lo acontecido en el Parque Natural Sierra de Baza (Granada), podemos destacar, a modo de cronología como:

1) Entre los meses de mayo a septiembre del pasado año 2016, se detectó una masiva muerte de pinos, especialmente de la especie Pinus pinaster, lo que se interpretó formaba parte de un proceso de decaimiento forestal, pero las muertes fueron tan rápidas y de tal magnitud que se ha estimado que nunca hasta entonces se había vivido un proceso de decaimiento forestal de tanta intensidad, ni en tan poco tiempo en los montes ibéricos, hasta el punto de que se estiman en varios millones los árboles que han podido verse afectados por esta situación que se ha hecho epidémica y afecta a una zona con unos 80 Km2 de perímetro que ya se ha extendido por la vecina Sierra de Los Filabres, en la provincia de Almería.

2) El 1 de marzo se aprobaba una Resolución de la Dirección General de de Gestión de Medio Natural, que declaraba de urgencia la actuación para la Sierra de Baza, prometía una dotación económica de 3 millones de euros, y anunciaba que los trabajos para controlar las plagas y restaurar los terrenos afectados comenzarían antes del verano.

3) En el pasado 26 de julio, se presentaba a la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Baza (de la que no forma parte Proyecto Sierra de Baza, aunque sí fue invitado a asistir a la misma José Ángel Rodríguez, presidente de nuestra asociación) el “Proyecto  de Actuaciones de restauración en los terrenos afectados por la problemática del decaimiento de las repoblaciones de pinar en el Parque Natural Sierra de Baza”, dotado con una inversión de 2.960.217,52 € y se anunció se quiere comenzar al pasar el período de riesgo alto de incendio forestal, posiblemente en septiembre. Este proyecto del que informamos pormenorizadamente en nuestra revista digital y de lo que puede ampliarse información AQUÍ, se estima va a tener una duración de 18 meses y va a suponer una total transformación del paisaje de esos montes.

Una decisión de gran calado, de manifiesta entidad, hasta el punto de que -como se anuncia- va a suponer la total transformación del paisaje que, sin embargo, no ha sido consensuada ni se ha contado en su elaboración con la población local implicada y afectada por esta concreta gestión. Lo que supone obviar los principios democráticos que venimos comentando y que postulan la participación activa, real y efectiva de la sociedad civil como única vía para, en primer lugar, legitimar las decisiones que se hayan de adoptar y, en segundo lugar, garantizar su acierto y eficacia en el terreno práctico.

Un error en la gestión de esta problemática, que lamentamos, como lamentamos que no se haya contado con nosotros para oírnos y poder valorar nuestras sugerencias, en las actuaciones que se quieren afrontar en la Sierra de Baza. Posiblemente se hubiera enriquecido el proyecto que se va a ejecutar en la Sierra de Baza y, desde luego, se hubiera hecho más participativo y consensuado. Unas omisiones difícilmente reemplazables ya en su futura  puesta en marcha, y ante cuya ejecución estaremos expectantes.  
 La Asociación PROYECTO SIERRA DE BAZA
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